La oscura ironía de la justicia (caso AIS)

La lamentable ironía del la coyuntura actual de nuestro país es que incluso siendo claro que los colombianos percibimos inequívocamente que el aparato judicial no sólo no funciona en el combate contra los actores criminales de la sociedad, sino que por el contrario los alienta e incita a muchas personas a tomar en sus manos una ley que consideran inoperante, sus representantes utilizan la rabia reprimida producto de su fracaso, para promoverse políticamente, utilizando las siempre demagógicas banderas del “cambio”. Uno de los más crueles ejemplos de esta situación, parte precisamente el intento de muchos entes judiciales de aprovechar un acto de corrupción para obtener beneficios políticos, utilizando la presión mediática y la ira reprimida de las personas, para justificar decisiones que no se ajustan al derecho, sino que por el contrario crean un derecho ajustado a sus decisiones.

Para poder caracterizar la apremiante situación de la justicia colombiana, me referiré al caso de Agro Ingreso Seguro, desde la perspectiva de Juan David Ortega, el ex secretario general del Ministerio de Agricultura, quien junto con otros cuatro ex funcionarios y sus respectivas familias está enfrentando el drama de un procesos judicial en contra, en donde el proyecto político de los acusadores y sus patrocinadores tiene como imperativo categórico presentar resultados, sin importar los hechos, el procedimiento o los derechos que se violen en el camino.

Para poner en contexto este articulo me parece relevante traer a colación los elementos que me llevaron a escribirlo, para a partir de ahí, mostrar el origen del carácter político con el cual la Rama Judicial está llevando sus actuaciones, con el abierto apoyo de los medios y la política estratégica del Gobierno Nacional.

El primer comentario que me llevó a escribir este artículo parte de personas muy cercanas, de alta posición social y fuerte poder económico, que al igual que muchos otros colombianos repiten frases dignas de la Alemania nazi o la Italia fascista. Y cito: “por el escándalo de AIS deberían meter a todos los del Ministerio de Agricultura y el ICA a la cárcel, y a usted también por apoyarlos y defenderlos”. ¿Necesito ahondar en cuánto daño hacen este tipo de posiciones en una sociedad? Espero por el bien del alma del lector, que no. Por otro lado, en una conversación con una abogada de la capital, en la cual le explicaba el caso de Juan David, afirmó: “ellos tiene que estar en la cárcel, porque están defendiendo a Andrés Felipe Arias, y si los dejan salir lo primero que harán sería quemar toda la evidencia”.

Cito este par de esperpentos para mostrar un punto: Las personas en Colombia están sedientas de justicia precisamente por la absoluta inutilidad del sistema. Por otro lado, la prensa ha sido muy hábil en ocultar el problema de fondo (que la justicia es el principal instigador de toda la violencia en Colombia) presentándole a la opinión pública chivos expiatorios, con cuyo sufrimiento se compran algunos de los más oscuros intereses políticos.

Para los lectores que sientan que la insinuación de que hay un fondo político claro detrás de muchos de los fallos de la justicia y el manejo de los mismos por parte de la prensa, es una acusación tendenciosa producto de un “uribista resentido” o mano negra, observemos el origen del asunto:

La Corte Suprema de Justicia, demoró deliberadamente el procesos de elección de fiscal con el único propósito evitar que la persona que asumiera el cargo tuviera un tratamiento que para ellos no resultara provechoso en el tema de las interceptaciones ilegales. Esto es, que los más altos representantes de la justicia colombiana, necesitaban ver la mayor cantidad de personas en la cárcel, y cuanto más cercanas al gobierno de Uribe, mejor. En este punto cito nuevamente a la abogada de la conversación previamente referenciada: “Si un juez tiene una animadversión personal contra alguien, acomodará los hechos para llegar a su sentencia, de eso, no te quepa la menor duda”.

En este contexto, Juan Manuel Santos, en otro más de sus actos de profunda traición a la persona que le representó la presidencia, cambió la terna, y se eligió finalmente una nueva fiscal, afín, como podemos ver, a aquellos intereses políticos que persigue la rama judicial colombiana.

En medio de esta coyuntura, se descubrió que algunas familias beneficiarias de Agro Ingreso Seguro habían parcelado sus tierras y habían defraudado al Estado al obtener de manera ilegal los subsidios que estaban destinados a los pequeños campesinos. En un acto de franco y abierto intento de escarnio público, digno del medioevo, la fiscal anuncio a la prensa que imputaría siete cargos a los ex funcionarios, algunos de ellos con grandes nombres rimbombantes que emulan a un verdugo esperando el momento de la ejecución.

En el caso especifico de Juan David Ortega, habían imputado dos cargos, el cargo de apropiación a favor de terceros, es decir, querían dar a entender que con sus actuaciones el funcionario ayudó a treinta y tres mil familias a enriquecerse, y celebración de contratos sin cumplir requisitos legales. El primer cargo no pudo sostenerse, la evidencia y coherencia del mismo llevaron a que la fiscalía terminara imputando un peculado a favor de terceros, crimen cuyo beneficiario sería el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria IICA, es decir, pretenden acusar a Juan David Ortega de que su actuación buscaba beneficiar criminalmente a la OEA. El lector entenderá cuán descabellada es esta acusación. Si, la fiscal fuera coherente con sus propias palabras, todos los funcionaros debiesen responder por lo que se hizo o se dejó de hacer, debería imputar cargos desde José Miguel Insulza hacia abajo.

Por el otro lado, en el cargo de celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, la Ley 80 de 1993 establece claramente todos los procedimientos legales que deben cumplirse para contratar con el Estado. Sin embargo, para contratos de ciencia y tecnología que incluyan transferencia tecnológica, y para contratos con organismos internacionales, se establece un régimen diferente para la contratación. Cabe recordar en este punto que el convenio del cual se acusa a Juan hace referencia a la implementación de proyectos de riego y drenaje que incluían el proceso de transferencia tecnológica. Y también vale recordar que este sistema también se aplicó con éxito en Chile. Para la Fiscalía, el no cumplimiento de la ley 80 es un delito simplemente porque consideran que este tipo de contratos no se incluyen en la categoría de ciencia y tecnología.

Como el lector puede observar, el primer cargo implica a funcionarios del IICA y de la OEA de ser defraudadores del Estado colombiano, y el segundo cargo es un aspecto meramente técnico y administrativo, del proceder diario de las actuaciones de funcionarios públicos, es decir de decisiones administrativas que no constituyen per se una conducta penal. Y es preciso que la Fiscalía demuestre y pruebe que existió dolo. En adición, para escoger al IICA se utilizaron criterios técnicos, entre ellos una trayectoria de contratos de este tipo de más de quince años, y su participación, como ya he mencionado, en proyectos en muchos otros países de la región.

Pero el lector se preguntará mas allá de los aspectos técnicos y jurídicos del proceso, en donde está la parte más injusta de todo el asunto. Responderé a esta pregunta en tres niveles. El primero, en la medida de aseguramiento estrictamente por indicio. Es decir, es preciso que para que un proceso se lleve a cabo con privación de la libertad se cumplan al menos una de dos condiciones, la primera, que el imputado sea un peligro para la sociedad, y la segunda, que haya riesgo de que destruya las pruebas. Es claro que un tecnócrata dedicado al servicio de su país y proveedor de su familia no es un peligro para la sociedad, y en segundo lugar, existen muchos mecanismos que permiten evitar este tipo de cosas sin tener que recurrir a la privación de la libertad. En el segundo nivel, cuando un acusado está privado de libertad y existe tal presión de los medios, termina no siendo responsabilidad de la Fiscalía probar la culpabilidad del acusado, sino del acusado defender su inocencia. Es decir, si existe una muchedumbre con antorchas y bates listos a linchar a un señalado de un delito, todo lo que hay que hacer, es enfurecer a la horda iracunda. En un Estado de Derecho todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y salvo en casos muy específicos todos deben defenderse en libertad. Para demostrar porque esto no es el intereses de la justicia para este caso, me referiré a un comunicado expedido por Juan David Ortega, en el cual cita las palabras de la fiscal, que dejan llenos de profunda preocupación a quienes están en este momento privados de su libertad, y a todos los colombianos:

Las últimas declaraciones de la Fiscalía en el caso AIS han generado en mí alguna preocupación. Esta semana, la doctora Morales dijo en declaraciones públicas que se “está tratando de establecer responsables”. De lo anterior, se desprende que en ese intento por establecer responsables no se puede enviar gente inocente a la cárcel. También dijo la doctora Morales que correspondía a los ex funcionarios demostrar que habían actuado con probidad. Es necesario recordar, que en el proceso penal no se puede invertir la carga probatoria pues se estaría violando la presunción de inocencia, lo cual sería de suma gravedad para el prestigio de la justicia colombiana. (Fuente: Caracol Radio.)
En un tercer nivel, es claro el interés político que hay detrás de este caso. La Fiscalía pretende mostrar un éxito ante el país en la lucha de lo que según la opinión general es el grupo de escándalos de corrupción más graves que el país haya enfrentado. Es decir, mientras a Juan David se le imputan cargos por fuera de toda percepción lógica, y se insiste en mantenerlo en prisión, los verdaderos responsables se mantienen al margen de cualquier proceso. Esto sin duda alguna es un "falso positivo" de la justicia, sin embargo, como hace parte de la ola periodística que busca generar en el país un ambiente contrario al anterior gobierno, la presión se ejerce en el sentido contrario.

Debo confesar que como economista, me sentí abrumado en medio de un universo legal que juega en contra de un hombre que a todas luces solamente estaba realizando su trabajo con devoción por su país, basado en una formación técnica impecable. Quisiera invitar al lector a imaginar, esa misma sensación, cuando un familiar cercano, un esposo, un hijo, o un padre se encuentran envueltos en estas circunstancias. Nuevamente, el sistema judicial colombiano nos demuestra el origen de nuestros problemas, en la medida en que se aprovecha, incluso, la sensación que genera su propia incompetencia para poder hacer más fácil la tarea de utilizar chivos expiatorios para mostrar resultados de una función, que a todas luces tiene fines políticos. Recuerdo en este momento que en similar situación, se encuentran cinco familias, sobre las que cayó la desgracia, que no están teniendo derecho a desmentir su culpabilidad, sino que están siendo obligados a defender su inocencia.

Colombia, al mejor estilo del fascismo, de la década del cuarenta, está permitiendo que quienes rigen la justicia actúen solamente en base a la búsqueda de réditos políticos, (e intereses políticos) en base a la agenda que los medios pretendan establecer. Pregunto al lector ¿cuál es la diferencia entre la aplicación del Código Penal en este caso, y el Malleus maleficarum de la inquisición española? La única diferencia es que podemos y tenemos el deber de disentir. Porque el silencio cómplice, finalmente, se volverá en contra nuestra, y si permanecemos callados, tal vez los designios de la persona que profirió el primer comentario que escribí al inicio del artículo, se vuelvan realidad.

Y a las familias de estas cinco valientes personas descritas a partir de Juan David Ortega, gracias a la colaboración de su esposa Carolina Villegas, (cuya ayuda hizo posible la construcción de este articulo) les reitero, que cuando termine esta injusticia, serán héroes.