Procesos de paz y sofismas del terror

Procesos de paz y sofismas del terror
Por Jorge Monroy


Por estos días se hacen más fuertes los rumores que veníamos oyendo casi desde el principio de año: El presidente Juan Manuel Santos está orquestando por debajo de la mesa una negociación política con las FARC. Las pruebas ya saltan a la vista, el apaciguamiento de la guerra, el recrudecimiento de las acciones de las FARC, las relaciones internacionales, el silencio frente a las inadmisibles decisiones de la justicia que favorecen a las FARC, la presencia de Baltasar Garzón en Colombia, entre muchas otras cosas que ya han sido mejor descritas por otros escritores. El interés de este articulo, no es, por tanto, mostrar de nuevo lo evidente (aquello que por más que quiera, el presidente no puede ocultar más), sino demostrarle al lector de forma contundente por qué un proceso de paz es contraproducente en el largo plazo para la cohesión nacional y el Estado Social de Derecho, y por qué al final sólo logra generar más violencia en el largo plazo.

Para empezar, quisiera partir de una premisa elemental: para que haya un proceso de paz, debe haber un estado de guerra. En este, existen dos bandos, cada uno intentando imponer una visión del mundo por la vía de las armas. Quien vaya ganando en el campo de batalla sentirá que puede imponerle al contrincante su pensamiento, cualquiera que sea. Así pues, al igual que el Tratado de Versalles o la Conferencia de Yalta, es aquel quien ya ganó quien describe las condiciones en las cuales se instaura la paz. En Colombia, esa era la visión pastranista, sin embargo, el proceso fracasó precisamente porque las FARC iban ganando en el campo de batalla, pero no lo suficiente como para hacer rendir al Estado. Sin embargo, esa visión es errónea para el caso colombiano por múltiples razones; en este escrito discutiré especialmente dos de ellas: la primera, es que los grupos armados al margen de la ley (GAML) han dedicado su existencia estrictamente al accionar criminal. Su única razón de ser es poner bombas, secuestrar, extorsionar, robar, asesinar civiles, traficar con drogas y otros crímenes. Desde esta perspectiva, un interés de subvertir el Estado a favor de una u otra ideología es completamente irrelevante. Es decir, ¿considera el lector que es correcto decir que el Estado está en guerra con las bandas de apartamenteros? ¿Aceptaría usted que el estado dialogara con una banda dedicada al paseo millonario? Si su respuesta es un no rotundo, no hay ninguna razón para considerar que los GAML deban tener un tratamiento diferente.

La segunda razón es que el impacto de las atrocidades de los GAML ha logrado que los colombianos caigamos en un sofisma: creer que de fondo hay un problema político, y como tal, es preciso tener una solución política. En este punto no quiero demeritar las causas que alimentan la violencia día tras día, pues me referiré a ellas más adelante, sino que pretendo mostrar que la tragedia colombiana es solamente producto de que en Colombia el proceso de formación del Estado dentro de la nación ha sido incompleto.

Quiero citar un ejemplo muy simple para ejemplificar este punto, ¿alguna vez se ha preguntado el lector por qué el mismo colombiano que no encuentra problema en conducir de manera absurda en Colombia, respeta las leyes del camino en Estados Unidos? Estoy seguro de que más de un Colombiano ha oído la frase “es que allá sí toca”. Si saltó a su mente un recuerdo, quiero decirle que la explicación es la descrita anteriormente. Ejemplos hay muchos: cuando en Colombia se coloca un parte, en algún momento hay amnistía; cuando no se han pagado todos los impuestos, en algún momento hay un arreglo; cuando se aprehende a un criminal, se le condona la mitad de la deuda; es decir, en todas las esferas, el Estado en general está renunciando a aplicar la fuerza en aras de mantener un statu quo que beneficia a algunos pocos; por esta razón, un proceso de paz, es el más grave ejemplo: si el Estado renuncia a ejercer su fuerza, está básicamente educando a los colombianos para que se perpetúe el esquema de crimen sin castigo. Esto es, un Estado que decide renunciar a completar la tarea que durante años le ha quedado pendiente: establecerse como la única autoridad en el territorio colombiano.

Entonces ¿por qué no debemos hablar de guerra?, porque el Estado no hace la guerra contra los criminales, es su obligación combatirlos y someterlos al imperio de la ley ejerciendo una función de ejemplificación para hacer que todos los ciudadanos sientan que existen reglas claras que no se pueden transgredir.

La segunda razón porque un proceso de paz es inconveniente en el largo plazo, es porque lleva a la sociedad a otro sofisma que el terrorismo ha logrado involucrar eficientemente en el inconsciente colectivo: “las desigualdades sociales llevan a la violencia”. Sin minimizar el impacto de las difíciles condiciones que deben soportar miles de personas en Colombia, las profundas diferencias sociales entre los más ricos y los más pobres y lo excluyente de las posibilidades; ese argumento muestra nuevamente la más insensata renuncia del Estado a imponerse como único ente que rige la sociedad. El argumento según el cual la pobreza es un justificativo valido para la violencia es el sofisma político que nos ha vendido una clase de dirigentes que buscan soluciones facilistas y de muchos grupos armados cuyas palabras vacías han tenido eco por años en los medios de comunicación. Así pues, el Estado tiene dos responsabilidades que en aras de mantener un rebaño de votantes dóciles ha evadido: la responsabilidad de hacer presencia en todos los estadios de la sociedad, (ricos y pobres) y la responsabilidad de hacer que la ley sea una regla no negociable para todos los miembros de la nación.

Así pues, cuando la sociedad ha decidido no usar las diferencias sociales como justificativo para la violencia, el objetivo “político” de los GAML se queda automáticamente sin fuerza y no queda ningún otro calificativo más que el de Banda Criminal.

La tercera razón, es, como he sostenido en varios de mis escritos en Atrabilioso, que la justicia es más importante para la estabilidad y cohesión social para una sociedad, que la paz misma. Un proceso implica per se impunidad y deja enormes heridas abiertas en la sociedad, que ésta tarda años en superar. Por otro lado, con un historial tan profundo de violencia con tintes políticos, una paz que implique involucrar a quienes estaban inmersos en una dinámica criminal al aparato del Estado, ante todo generara un ambiente de polarización y más violencia: los colombianos inconformes entenderán, como lo vemos actualmente, que la respuesta del Estado a una agresión siempre conlleva impunidad, razón por la cual muchas de las victimas de hoy serán las victimarias de mañana. Así pues en el momento en el cual la sociedad ha entendido que no importa cuál sea la condición, la justicia es equivalentemente fuerte y genera el suficiente temor, la eficacia de la fuerza pública aumenta, al igual que el acatamiento de la ley y la eficiencia colectiva de las instituciones formales e informales: le pido al lector que imagine cómo sería nuestra sociedad si un contratista tuviera tanto miedo de robar que utilizara el dinero de manera eficiente en la creación de obras civiles; si considera radical este argumento, vale la pena revisar por qué el gobierno chino, logró construir 381.000 kilómetros de carreteras en un año. Es claro que la falta de respeto por los derechos humanos del régimen seudo comunista chino no es lo que profeso, sino el espíritu de respeto y temor hacia el Estado que surge del ejercicio eficiente de la fuerza.

Cuando se hace un proceso de paz, se renuncia a la justicia y como tal al ejercicio eficiente del Estado. El mensaje que se lleva a la sociedad es el mismo que se ha venido llevando durante tanto tiempo: “cometa un crimen, y aguante, que el Estado finalmente cederá”. Qué coyuntura mas paradójica: ocho años de arremetida del Estado contra las FARC, en los que se les dieron golpes que jamás en su historia habían recibido (fueron arrinconados y obligados a dividirse en grupos de no más de 15 personas; fueron llevados casi al borde de su extinción), y el Estado, renuncia a la posibilidad de establecer justicia, premiando su resistencia con un proceso de paz.
En el momento en el cual un criminal es indultado, (cualquiera que sea su GAML) el Estado ha perdido la batalla, y le enseña a los demás ciudadanos que por las vías de hecho, si resiste, finalmente ganará.

Es irónica la conclusión de este artículo, pero no por ello deja de ser falsa: la paz a cualquier precio lleva a la violencia, mientras que la justicia a cualquier precio, lleva a la paz. Colombianos: si la impunidad es el problema, ¿por qué creemos que con impunidad vamos a solucionarlo? El día en que sea cual sea el crimen, el destino sea la cárcel con una pena que deje a la sociedad tranquila, ese día, nuestro proyecto de sociedad funcionará. Mientras tanto, todos los inconformes entenderán que las armas hablan mucho más fuerte que las palabras.

Jorge Monroy en Twitter.